Denunciamos ante las autoridades judiciales y la opinión pública nacional e internacional, la inminente situación de crisis humanitaria de la comunidad de El Guayabo, frente a la orden judicial de desalojo por parte del juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander.

 

Comunidad El Guayabo Foto: Verdad Abierta

La comunidad campesina de El Guayabo está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 25 años ejercen el derecho de posesión sobre los predios Altamira y San Felipe. Son campesinos y campesinas trabajadoras, que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentos para la región. Sin embargo, desde hace unos 15 años, y con mayor intensidad en los últimos 5 años, el señor Rodrigo López Henao ha realizado diversas acciones, algunas jurídicas y otras violentas e ilegales, para desplazarlos y despojarlos de sus territorios.

Hace aproximadamente cuatro meses  se logró frenar tres  intentos de desalojo que se tenían previstos. Sin embargo, nuevamente la comunidad se encuentra en riesgo de perder sus tierras en esta ocasión.

La manera como se ha intentado sacar de sus tierras a los campesinos de El Guayabo ha estado llena de irregularidades.  La Agencia Nacional de Tierras ha presentado tutelas solicitando ser integrada al proceso que se está llevando a cabo sobre estos terrenos ya que varios de los que se piensan adjudicar son baldíos de la nación y podrían ser utilizados para reparar a los campesinos de El Guayabo que son víctimas del conflicto en vez de eso están en riesgo de quedar en manos de un particular.

Es alarmante la situación de esta comunidad frente a la falta de garantías e imparcialidad con la que han actuado las autoridades locales.  Autoridades estatales del departamento de Santander, particularmente  en  el  municipio  de  Puerto  Wilches,  ha  vulnerado  de  manera  flagrante  los derechos fundamentales y el acceso igualitario a la justicia, pues en este caso ha sido evidente el favorecimiento hacia el señor Rodrigo López Henao, quien reclama la propiedad de las tierras que nunca ha poseído ni trabajado.

Por esta razón, con esta orden judicial de desalojo  se materializa una acción sistemática de desplazamiento forzado, que re victimiza a familias campesinas, que históricamente se han visto afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

Antecedentes

Desde mediados de los años 80, alrededor de 60 familias campesinas sin tierra, se asentaron en las riberas del río Magdalena próximas al centro poblado de El Guayabo. Motivadas por la necesidad de sustento diario y el estado de abandono en el que se encontraban las tierras los campesinos comenzaron a trabajar dichas tierras para su propio sustento.

En el 2002, el señor Rodrigo López Henao, quien afirma ser el propietario de estas tierras, empieza a realizar acciones jurídicas y otras violentas e ilegales, para forzar la comunidad a desplazarse de los predios. López Henao afirma ser víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla, hecho que la Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, excluyéndole del Registro Único de Víctimas en el año 2016.

Luego de más de 25 años trabajando las tierras, la comunidad inicia en 2009 un proceso de pertenencia sobre los predios de San Felipe y Altamira. Desde entonces, la comunidad ha resistido los más diversos ataques, intimidaciones y desalojos. “Tenemos el valor moral y espiritual que nos da esa resistencia”, reflexiona Dimas Ospina, líder campesino de la comunidad.

Los  miembros  de  la  comunidad  se  enfrentan  además a una  evidente  criminalización  de  su proceso de organización popular y de sus líderes y lideresas, quienes son objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, fue recientemente encarcelado y dejado en libertad mientras avanza la demanda.

Leer más en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6628-en-el-guayabo-

Campesinos y campesinas de El Guayabo son reconocidas como víctimas del conflicto y están amparadas por la Ley de Víctimas. Los hechos que se relatan a continuación van en contravía a la naturaleza de la Ley de Víctimas, en cuanto la restitución de tierra será en beneficio de quienes fueron despojados de ellas en primer lugar, a las víctimas del conflicto armado y a las familias campesinas sin tierras.

Hechos

1. Desde el año 2002 la comunidad está continuamente sometida a acciones de presión, intimidación y agresión por parte del Sr. López Henao y de actores armados a su servicio, generando un ambiente de miedo, angustia y profunda preocupación.

2. Frente a la tensión, las amenazas y la violencia, la comunidad ha realizado numerosas denuncias penales en contra del Sr. López Henao, que incluso ha sido denunciado por violencia contra la mujer. Sin embargo, de estas denuncias no se conocen avances, no hay apertura de investigaciones ni sanciones penales.

3. Con irregularidades procesales, el proceso legal de reclamación de tierras ha culminado con una sentencia en firme del juez promiscuo de Puerto Wilches, que ordena el desalojo del predio San Felipe.

4. El anterior Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel Gutiérrez Lagares, quien inició el proceso de desalojo de la comunidad, se encuentra detenido por el delito de concierto para delinquir agravado y vínculos con el paramilitarismo. Este funcionario intentó un desalojo en el año 2013 sin ser competente para ello.

5. Este nuevo intento de desalojo que está planeado para el miércoles 13 de diciembre del 2018 pondría en una grave situación humanitaria a las alrededor de 60 familias que viven en El Guayabo.

Solicitudes

En vista de los antecedentes y los hechos presentados, los y las firmantes de este comunicado solicitamos:

A   la   Procuraduría   delegada   para   asuntos   ambientales   y   agrarios   que   revise   todas   las irregularidades del proceso civil ordinario reivindicatorio a cargo del juez promiscuo municipal de Puerto Wilches.

Se suspenda el desalojo en consideración de los recursos tutelares y las medidas cautelares presentadas.

A las autoridades locales y regionales, que tomen todas las medidas para garantizar la vida y la integridad de esta comunidad campesina y sus líderes y lideresas, sujetos de especial protección por su condición de víctimas y defensora de Derechos Humanos.

Requerir al señor López Henao que responda ante las autoridades por los hechos relatados, en la medida en que los responsables directos dijeron actuar bajo sus órdenes.

Incluir a la ANT en este proceso y entregar los terrenos baldíos para ser utilizados como método de reparación.